Para determinados puestos se exigirá conocimiento, experiencia y formación que demuestren sus capacidades en el mismo. No pedimos títulos universitarios o formación de Máster para todos los cargos, pero al menos una acreditación de conocimiento según su responsabilidad y trayectoria.

Dotación salarial de fijo más variable por cumplir programas electorales u objetivos, potenciando los grandes acuerdos entre partidos para asuntos de Estado. Revisión de condiciones según el cargo como en cualquier puesto administrativo. Eliminar sueldos vitalicios y cualquier paga al abandonar el cargo, pasando al Régimen General de la Seguridad Social. Sólo se remunerará el cargo mientras dure el mandato.

Uso de tecnología y seguimiento para el control de gastos, trazabilidad de presupuestos y asignación de contratos públicos. Aplicación de herramientas que certifiquen la gestión política y plataformas de control.

Ningún cargo político podrá ser ejercido por la misma persona en una duración mayor a los 8 años. Esta medida se aplica en multitud de sistemas democráticos y favorece la rotación en los cargos, reduciéndose las opciones de corrupción y el absentismo institucional.

Asemejar el número de cargos políticos a la población actual, reduciéndolos como mínimo un 25% y actualizar las funciones del Senado y Diputaciones. La clase política debe ser la primera en dar ejemplo con su productividad y optimización de recursos en todas las áreas.

Ocupación de puestos en las cámaras (diputados) con el 50% elegidos por el liderazgo del partido, y el otro 50% ocupados por miembros de ese partido pero al azar: procedentes de elecciones y censos locales (barrios, zonas, distritos…). Eliminación de este modo del nepotismo político actual que atrae a miembros del partido poco cualificados y dependientes de los cabeza de lista.